¿Los Servicios Sociales no hacen nada con los menores?

          En las últimas entradas he estado reflexionando sobre algunas competencias de los Servicios Sociales y la lejanía que tenemos con la ciudadanía. Inicié con una entrada más general (aquí) y posteriormente me centré en el colectivo de personas mayores (aquí), haciendo un pequeño paréntesis con la entrada sobre el síndrome de Diógenes escrita por mi compañera Carmen (aquí) y que me parecía muy oportuna siguiendo esta línea de reflexiones. 

          En esta entrada plantearé de forma breve la intervención con menores, que tantos quebraderos de cabeza nos suele dar y que no es fácil de entender. Los  menores son un colectivo de máxima protección, tanto legal como social, y es lógico que la población esté muy sensibilizada y le cueste entender a veces cómo son los procesos. 

          No pretendo hacer una entrada teórica difícil de entender, para eso hay otros lugares con información exhaustiva, aunque sí es bueno centrar un poco las cosas. La competencia en protección y tutela de menores es de las Comunidades Autónomas, en Castilla y León el organismo competente es la Gerencia de Servicios Sociales. Para ampliar información podéis visitar su página web (aquí) y la normativa que establece las competencias que es la Ley 14/2002 de Promoción, Atención y Protección a la Infancia en Castilla y León. 

          Sin embargo en los Servicios Sociales Básicos tenemos también responsabilidad en este tema, sin olvidarnos de la autoridad judicial. Nuestra función está en la fase de detección y valoración del riesgo, así como en la realización de actuaciones preventivas de información y orientación, e incluso la puesta en marcha de programas de apoyo familiar.

          Los Equipos de Apoyo a Familias están constituidos por un/a psicólogo/a y dos educadores/as familiares, habiéndose implantado en todas las corporaciones locales (ayuntamientos y diputaciones) de la comunidad. Actualmente, además de la intervención educativa, preventiva y de promoción con las familias que hacen estos equipos, en la mayor parte con las familias que los trabajadores sociales derivamos, nos reunimos de forma trimestral con el equipo de referencia para valorar los nuevos casos. Y siempre que en CEAS tenemos dudas, hacemos una valoración conjunta de la situación. Estos equipos se coordinan de forma constante con la Sección de Protección a la Infancia de la Gerencia respectiva, en mayor medida que los profesionales de Trabajo Social.

          Hasta aquí, de forma breve, el funcionamiento inicial respecto al tema de menores, pero la práctica no es tan sencilla. Y que desde fuera del sistema se entienda el funcionamiento es aún más complicado. Ya comenté un ejemplo que en su día me pareció muy curioso, el caso de una niña que había sido vista en el parque con una colilla diciendo que era un porro y la conclusión de los vecinos, que daban por hecho que en su familia consumían drogas. Es fácil caer en la alarma, y lo más probable es que para la niña aquello fuera un juego, no necesariamente una imitación de lo que hubiese visto en la familia.

          Lo más habitual es que cuando nos notifican cualquier situación respecto a un trato no adecuado a un menor, quien lo hace considera necesaria la retirada del menor y la tutela por parte de la administración. En la zona rural se suele generar bastante alarma, pues todo el mundo se conoce y todo el mundo observa lo que hace el resto. De nuevo las y los trabajadores sociales tenemos que poner en marcha nuestras habilidades educativas, algo que no mostramos mucho y sin embargo, es fundamental para nuestra integración en la comunidad.

          Si habitualmente defiendo que la labor de los Servicios Sociales ha de ser mínima y progresiva, adaptada a las demandas y necesidades que se nos plantean, sin generar rupturas bruscas en las dinámicas familiares de nuestros usuarios, en este caso me parece aún más importante. No tenemos derecho a destrozar ninguna familia, y he visto casos en los que la actuación en defensa de los menores ha llevado a este tipo de consecuencias. Como ejemplo, padre o madre con discapacidad intelectual o enfermedad mental, que con los apoyos oportunos, pueden desempeñar su función de forma más que adecuada.

          Considero que la retirada de la tutela o la guarda ha de ser el último recurso, sólo en casos graves de maltrato o abuso. En el resto de casos, las negligencias en el cuidado de menores habrán de suplirse con apoyos y ofreciendo pautas adecuadas de cuidados. Personalmente se me cae el alma a los pies cuando hay que retirar a un menor de su familia, porque tenemos que enfrentarnos al sufrimiento más terrible y al fracaso de nuestra propia labor. Y las intervenciones de algunos profesionales, basadas en la amenaza de retirar a los niños, me dan vergüenza ajena y me generan una indignación tremenda.

          Una educadora de estos programas de apoyo familiar me dijo algo no hace mucho que me acompaña en estas intervenciones: la familia no se elige, ojalá todo el mundo naciésemos en familias perfectas pero esa no es la realidad, y por muy difuncional que consideremos a una familia, sacar a un menor de su entorno supone un desarraigo difícil de sobrellevar.

          Apuesto por dar mil oportunidades, ofrecer todo nuestro apoyo y confianza, así como los recursos personales y materiales a nuestro alcance y al alcance de las familias, porque la retirada en la mayor parte de los casos implica un fracaso en la intervención, y no podemos castigar a una familia o a un menor por no haber sabido hacer mejor las cosas.

¡Hasta la semana que viene!